Reformar el Estado, asignatura prioritaria

La encuesta del CIS, publicada el pasado jueves aporta  datos muy interesantes sobre la Región de Murcia. Además de los muy  bajos índices de aceptación de la tarea desarrollada por  el gobierno regional  y la  de la oposición, un 41 por ciento de los ciudadanos de la Región, ponen en duda la pertinencia del estado de las autonomías.  lo que viene  a avalar la propuesta de UPyD sobre la urgente  necesidad de reformar el modelo territorial del Estado.

Está claro que 30 años después de su puesta en funcionamiento, el actual modelo no ha servido para asegurar la igualad de servicios y prestaciones para todos los ciudadanos del Estado, independientemente de la Comunidad en la que residan.

UPyD no es partidario de eliminar el estado autonómico, nosotros proponemos una reforma de la Constitución que resuelva de una vez el modelo territorial del Estado, su financiación y el reparto de competencias.

Esta reforma debe contemplar la existencia de  un único modelo de financiación autonómico, eliminando los regímenes forales del País Vasco y Navarra, cuya financiación  tenga como base la población de las distintas Comunidades  y en el que queden recogidas en la Constitución cuáles son las competencias exclusivas del Estado, entre ellas Sanidad y Educación, y cuáles son transferibles a las CC AA. Y todo ello  bajo un modelo “simétrico” que  asegure la igualdad de servicios a los ciudadanos  y su sostenibilidad.

Esta reforma, junto a la supresión de las Diputaciones y la fusión de municipios, para situarlos en el entorno de los 20.000 habitantes, es , sin duda, una asignatura prioritaria que se debe abordar con urgencia, ya que el ahorro que se produciría aportaría soluciones y un volumen de partidas económicas,  imprescindibles  para la salida de la crisis y para la sostenibilidad de la administración pública.

Lo que empezamos a proponer en UPyD hace cinco años se ha convertido en algo priritario y necesario, pero no porque lo digamos nosotros , sino porque es de sentido común.

 

La insistencia del PP con su “modelo” tras 18 años de gobierno en la Región de Murcia

Fragmento de mi intervención en la presentación de la delegación de UPyD en Alcantarilla.

Un drama de inaplazable solución

Artículo publicado hoy en el diario La Opinión de Murcia

La crisis económica y el desastre de la burbuja inmobiliaria han tenido muchas consecuencias negativas. De entre todas, creo que las más  desoladoras son los seis millones de parados y el drama de los desahucios, un  problema de inaplazable solución. UPyD ha presentado   veintiséis enmiendas a la ILP sobre regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, que se tramita en el Congreso de forma conjunta con el proyecto de ley del gobierno para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.  De hecho, ha sido el grupo parlamentario que más  enmiendas ha registrado, todas ellas dirigidas  a mejorar el texto inicial de la ILP. Creo que el trabajo de nuestros diputados persigue que esas propuestas, en mi opinión, justas y equilibradas, permitan un marco legal que evite las lamentables e injustas situaciones de los desahucios a personas que sí quieren pagar su deuda, pero no pueden hacerlo  por haber perdido su trabajo o por otras cuestiones ligadas directamente a la crisis.

Es conveniente aclarar que el compromiso de UPyD para mejorar la ley hipotecaria española, apostando, entre otras cuestiones,  por el límite de los intereses abusivos de demora, no arranca en la actual  coyuntura,   sino que se remonta a 2008, año en el  que nuestra diputada Rosa Díez ya presentó en el Congreso propuestas en ese sentido, propuestas rechazadas en su día por PP y PSOE.

En concreto, UPyD propone que los jueces y tribunales puedan, de oficio o a instancia de parte, condonar la deuda que queda pendiente a un desahuciado en determinadas circunstancias, desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo o larga enfermedad, y  que los intereses de demora, mientras dure la moratoria a las ejecuciones hipotecarias decretada por el Gobierno, se limiten al 6% anual.

Además,  también se recogen previsiones para dar cumplimiento al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que hace unas semanas sentenció que la ley hipotecaria española es contraria a la normativa comunitaria de protección al consumidor.

En este sentido, proponemos  permitir al ejecutado formular oposición frente a la continuación del procedimiento si existen cláusulas  abusivas en su contrato hipotecario, incluyendo si ya está iniciado el procedimiento de ejecución cuando la ley entre en vigor.

Por otra parte,  centramos  parte de nuestras enmiendas en que las familias que atraviesan dificultades económicas no se queden sin casa, y por eso  se sugiere que si la vivienda es adjudicada al acreedor, el juez pueda rechazar el desahucio y permitir que los afectados se queden en el piso, abonando una cantidad que determine en función de los ingresos y otras circunstancias de la familia.

Con el objetivo de evitar abusos en las subastas, pedimos elevar al 80% sobre el valor de tasación el precio mínimo al que se puede adjudicar la vivienda, además de otorgar al deudor la posibilidad de entregar la vivienda en pago parcial al acreedor a cambio de quedar liberado de la deuda hasta donde alcance el valor de una tasación realizada en el ámbito judicial a su requerimiento y a su costa, quedando responsable personalmente por la diferencia.

Con el mismo objetivo de evitar fraudes, también  se sugiere la necesidad de garantizar que ninguna persona vinculada con la entidad bancaria o su grupo participen en la subasta para evitar que quede desierta e incrementar los porcentajes de adjudicación, algo que se viene detectando en la práctica.

Otros aspectos que también se han incluido en las enmiendas  son aumentar a tres los impagos necesarios para dar comienzo a la ejecución hipotecaria, evitar que los procedimientos puedan ir también contra los avalistas y  que la dación en pago obligue al pago de ciertos impuestos para sujetos con menos de 12.000 euros anuales de ingresos..

También creo que es relevante la  propuesta de   UPyD que incide en la necesidad de evitar el sobreendeudamiento de los ciudadanos y de dar una segunda oportunidad a quienes pierden su vivienda, que actualmente se quedan con una deuda de por vida.

Por eso  proponemos cambios en la Ley Concursal  para que los deudores privados puedan acogerse a un concurso de acreedores semejante al que disfrutan las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, lo que significa que la deuda se liquida con la entrega de los bienes del deudor a los acreedores: es la forma de dación en pago y fresh start

Rafael Sánchez Díaz es coordinador regional de UPyD

Entrevista en el “Canal del Funcionario” del diario La Verdad

“Creemos que la Educación y la Sanidad deben ser competencias exclusivas del Estado”.

Además, se da un repaso a todos los temas sociales, políticos y económicos  que afectan a España y a  la Región.

Próxima parada, ¿inviabilidad?

 

La cifra del 3,02 % de déficit que la Comunidad tuvo en 2012, más del doble del 1,5% exigido por el Ministerio de Hacienda, representa un fracaso absoluto para el gobierno de Valcárcel.  El incumplimiento va a suponer  un nuevo recorte de 250 millones de euros en los gastos de la Consejerías para 2013, según  ha anunciado el vicepresidente Bernal. Ahora se abre una gran incertidumbre social ante otra posible oleada de recortes  y un nuevo retroceso en servicios públicos y en prestaciones sociales, a los que nos opondremos desde UPyD

Este desfase del déficit es un  síntoma de la ausencia de realismo y previsión con los que  el gobierno regional  ha confeccionado  presupuestos y   planes de reequilibrio financiero. Desde UPyD  ya alertamos de lo irreal que eran las partidas de ingresos presupuestadas por la venta de inmuebles y de puntos de amarre de los puertos deportivos, máxime cuando en  el anterior plan de ajuste  no se  había producido, prácticamente, ningún ingreso por esos conceptos. Es insólito  que sólo dos meses después  de aprobar los Presupuestos de 2013 haya que   hacer una “enmienda”  para rebajar los gastos en  más del 5 %.

El  PP no ha querido reconocer la posibilidad de  adoptar otras medidas, lo vemos en la “resistencia” de Valcárcel durante los últimos  años a la subida de los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones, que si  se  han incrementado  sensiblemente  en el presupuesto de 2013.  En concreto, la Consejería ha presupuestado recaudar para este año 65 millones de euros  más  en Sucesiones y 20 millones con Patrimonio. Un sencillo cálculo nos indica lo que se podría haber recaudado, evitando recortes  en política social y  quedando, al menos,  más cerca de la cifra de déficit prevista.

Si el gobierno regional hubiese suprimido  instituciones, entes  y organismos, prescindibles en estos momentos, y  ejecutado  planes de eficiencia, no  habríamos  llegado a esta situación en la que se acude a lo inmediato, recortar en Educación y Sanidad y Dependencia. Llega tarde Bernal al reconocer, ahora, que todavía se puede adelgazar la estructura.

Desde UPyD llevamos tres años pidiendo  que se  supriman   todos los organismos autonómicos duplicados, en relación a sus homólogos de carácter estatal. Así, hemos solicitado la supresión del Defensor del Pueblo, el Consejo Económico y Social y el Consejo Jurídico, por tratarse de instituciones u organismos que ya realizan  otros entes  estatales.  También hemos propuesto fusionar la  UMU y la UPCT y  nos oponemos a que la Comunidad destine fondos para  una tv autonómica, para  la que el Gobierno regional  anuncia una asignación de entre 12 y 15 millones de euros para 2013.

UPyD  viene proponiendo desde  hace más de cinco años, la racionalización de las administraciones públicas y la reforma del modelo territorial como la mejor herramienta para eliminar duplicidades , disminuir gastos y reducir el déficit.  Hemos sido los primeros en poner encima de la mesa cuestiones como la devolución de competencias al Estado o la fusión de municipios. Lo que hace falta es decisión política para abordar esas imprescindibles reformas. Está en juego la viabilidad de la Región.

Rafael Sánchez Díaz es coordinador regional de UPyD