Pepe Rocamora me entrevista en la nueva sede de Radio Nacional de España en Murcia

Imagen

Pepe Rocamora me entrevista en Radio Nacional de España para hablar de UPyD. Fue el pasado 24 de febrero.

Desgobierno

Dicen los expertos que los procesos de  comunicación son  la clave para transmitir adecuadamente el contenido de los mensajes y para ofrecer una imagen de seguridad, de solvencia.  Si esta reflexión  se traslada a la acción de un gobierno, no es que   sea conveniente comunicar bien  por razones estéticas o de forma, sino que es  casi obligatorio por razones de credibilidad.

 El espectáculo que nos está ofreciendo el gobierno regional con el aeropuerto de Corvera, supera cualquier escenario que se hubiese podido aventurar. La imagen de la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno del pasado viernes, con Bernal, Ballesta y Campos queriendo dar una sensación de coordinación, cuando en realidad la discrepancia es total, nos lleva a la certeza de  que nos encontramos ante una preocupante  situación de desgobierno en la Región. Por mucho que Valcárcel quiera aunar mensajes y transmitir  que el gobierno regional gobierna de forma organizada, su adiós para ir en las listas al Parlamento Europeo resta credibilidad a todas sus acciones.

El episodio de la “presunta” apertura de Corvera y las negociaciones con Sacyr, han llegado a una situación que, de no ser por las cifras millonarias que llevan aparejadas, se podría calificar de auténtico sainete: el gobierno regional rompió  el acuerdo con la concesionaria porque, según los informes jurídicos, no hacerlo habría sido prevaricar. Pero sólo medio año después, se dice lo contrario, se quiere recomponer el acuerdo y retirar las demandas interpuestas contra la empresa. ¿En qué quedamos? Y además, todo esto sucede con la oposición rotunda de Bernal, quien en pleno proceso de solicitud a la UE de los permisos para el préstamo participativo a Aeromur, reclama a la empresa que, en un plazo de 10 días, haga frente a los 182  millones de € que el gobierno regional ha pedido prestados para evitar la ejecución del famoso aval.

Como decía al principio, se intenta escenificar que todo esto sucede con la máxima normalidad y  que se actúa de forma coordinada. Pero la credibilidad del gobierno regional, por mucho que se quiera comunicar lo contrario, está bajo mínimos. El gobierno regional está en franca descomposición, con un presidente que se marcha, con un vicepresidente que hace lo propio y que ofrece una imagen de enfrentamiento con el resto del gobierno – incluida su negativa a ofrecer la declaración de bienes en la Asamblea Regional- que desconcierta.

La situación en la que Valcárcel va a  dejar  la Región  es lamentable : un costoso  aeropuerto, que era innecesario, pero que una vez construido se quiere abrir y  no se sabe cómo; una llegada del AVE a la Región sin resolver , con unas infraestructuras ferroviarias convencionales  que , después de 18 años de gobierno,  siguen sin  modernizarse; unas  deudas  millonarias de la desalinizadora de Escombreras y del propio Corvera que  nos van  a hipotecar durante muchos años; o una tasa de abandono escolar temprano, la cuarta más alta de España,  que culmina todos  los “éxitos” de Valcárcel. La Región necesita, cuanto antes, un cambio político que ofrezca a los ciudadanos  la posibilidad de creer que es posible hacer y estar en  política de otro modo.

Artículo publicado hoy en la edición impresa del diario La Verdad

“El Presidente Valcárcel ha entonado el sálvese quien pueda”

Pocos motivos para el optimismo

Seguramente, lo más repetido en estos primeros días del año es  el conocido “año nuevo, vida nueva”. Esa expresión  pretende dar una nota de positivismo, intentando  dejar atrás las cuestiones  que nos hayan podido ir mal durante los doce meses anteriores. Lamentablemente, en lo que respecta a la situación económica, social y política de  la Región,  esa frase no  la vamos a poder pronunciar con mucha convicción. Valcárcel  habló de “optimismo” las pasadas navidades, pero cuando se marche a Bruselas en unos meses, dejará aquí una situación muy preocupante.

No puede haber optimismo en una Región con un 30 % de paro y más del 50 %  de desempleo juvenil. Una cifra de paro que, según nuestras previsiones, va a volver  repuntar en los  próximos meses. La realidad es que los desempleados de larga duración , los que llevan más de dos años sin trabajo, ante las nulas expectativas de encontrar un empleo, están renunciando a apuntarse en las oficinas del SEF, por eso baja la lista del paro.

 Y  esto en un contexto de recortes y  graves retrocesos  en Educación, Sanidad, Dependencia  y  prestaciones sociales , con datos como los ofrecidos por  el  informe PISA sobre el preocupante estado de la educación en la Región, o los  aportados por  la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, que además de señalar que la inversión per cápita en la Región consolida  los  recortes en Sanidad, hace énfasis en las crecientes desigualdades entre las Comunidades Autónomas, lo que vuelve a justificar la propuesta de UPyD de que  la  Sanidad sea competencia estatal.

Los  temas “estrella”  de la agenda política son una sucesión de fracasos para el gobierno regional. En política de  agua, el PP  ha vendido como  éxito el memorándum sobre el Tajo, cuando, en realidad, la  reserva de 400 hm 3  supone un quebradero de cabeza para los agricultores. La deuda de la desalinizadora  de Escombreras   llegará a los 600 millones de euros en el año 2034, de los que  ya se prevé el abono de  12 millones  en los presupuestos de  2014. Respecto a Corvera, Valcárcel  ha repetido insistentemente que no nos iba a costar  ni 1 euro  a los ciudadanos. Sin embargo, el Gobierno regional ya  ha pedido un préstamo de 186 millones para evitar la ejecución del  aval que  se  concedió para su conclusión, por el que pagaremos 23 millones de € en los próximos tres años. Además de la complicación añadida por la situación de Sacyr en Panamá.

Y para concluir  la “colección de éxitos”, el Comisario europeo, Johannes Hahn, ha respondido a una pregunta en la que el  europarlamentario de UPyD, Francisco Sosa Wagner, se interesaba por las  acciones  previstas en la UE para que  la línea del AVE en su llegada a Murcia  “no genere un problema urbanístico y social”. Su sorprendente respuesta ha sido que “las autoridades españolas no han solicitado formalmente ninguna cofinanciación para el acceso a la ciudad de Murcia. Increíble, pero cierto: nuestros gobernantes renuncian, en plena crisis, a fuentes de financiación. Así pues, pocos motivos hay para el optimismo en 2014.

Publicado hoy en La Verdad de Murcia

Una nueva cultura de lo público

Una nueva cultura de lo público

La  ciudadanía está conociendo,  escandalizada y con lógica indignación, una avalancha de  casos de corrupción que generan vértigo por la velocidad con la que se suceden y por la inquietud que producen.  La situación obliga a actuar con determinación contra uno de los grandes males de nuestra democracia. Los recientes  episodios aparecidos en   la propia Casa Real,  el caso  Bárcenas y la presunta contabilidad B del PP, el de los ERE en Andalucía o los de CiU en Cataluña, junto con los que afectan  en la Región  a importantes dirigentes del PP, degradan irreversiblemente  la imagen de lo político al derivar en una generalización del concepto de corrupto. 

Lo que está en tela de juicio es  la  propia credibilidad de nuestro sistema democrático.La desmoralización social  y el descrédito de  la política y los políticos ocasionado por los casos de corrupción, son dos hechos de una enorme gravedad. Los cargos públicos que están al frente de las instituciones públicas o ejerciendo las máximas responsabilidades en los partidos políticos, tienen una doble obligación en el desempeño de sus funciones. Por un lado, son los garantes de que las leyes se cumplan en todas las direcciones y para todos por igual, por supuesto. Pero también tienen el compromiso moral y ético ante la sociedad, respecto de su obligación de actuar en todo momento de forma escrupulosa. Ellos son los que deben dar ejemplo con sus actuaciones, porque una sociedad no puede permitirse que quienes la lideran sean, precisamente, los que más dudas morales originen.

El elemento más preocupante en los  casos de corrupción es la percepción de que son inevitables,  de que forman parte del sistema.  Por eso  son necesarias reformas institucionales y legales que acaben con esta práctica sistémica. Es imprescindible la adopción de cambios en la legislación que prevengan y castiguen con contundencia la corrupción y a los corruptos.En manos del ejecutivo está cambiar esta tendencia, aunque da la impresión que se va  más a grandes declaraciones que a actuaciones y medidas contundentes y sinceras para prevenir y atajar la corrupción.

 El reciente informe de Transparencia Internacional sobre el Índice de Percepción de la Corrupción explica  que España ha retrocedido en la última década diez puestos y se sitúa ahora en el puesto 40  entre ciento setenta y seis países. Y  señala que esa percepción está directamente relacionada con  la lentitud de las sanciones penales, la baja intensidad de las penas en casos de corrupción relevante, la expansión de los escándalos a las instituciones clave del Estado, y la sensación de impunidad.

Una  medida trascendental para dificultar la aparición y extensión de la corrupción  es el aumento de la transparencia en los  procesos de toma de decisiones públicas. Cuanto más transparente sea este proceso, más actores podrán intervenir en el mismo y más difícil será que un grupo de privilegiados pueda monopolizar y dirigir el procedimiento  en su propio interés.La próxima ley de Transparencia Regional que se va a comenzar a tramitar en la Asamblea Regional  debe ir al  fondo de las cuestiones y no se  puede quedar en una mera operación  estética. La futura ley  debe servir para dar información detallada de las actividades de todas aquellas instituciones que reciben fondos públicos, sin excepción, sin poder ampararse en el silencio administrativo, y  regulando, además, la actividad de los numerosos grupos de influencia.

Necesitamos con urgencia una nueva cultura de lo público lo que  implica reformar las instituciones públicas desde el punto de vista de sus competencias y su organización, y también acometer una verdadera regeneración de la vida pública española. Es imprescindible mejorar la transparencia en todos los niveles de Gobierno, una mejor aplicación de las leyes de las que ya disponemos, así como acabar con la financiación irregular de los partidos políticos, auténtico pozo negro de la corrupción.

Artículo publicado hoy  en el diario La Opinión de Murcia

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 2.259 seguidores