El Estatuto como religión
Por encima de otras consideraciones o análisis, lo que más me ha impresionado de la noticia de la primera de casi todos los periódicos, a saber, la escasez de agua en Barcelona, ha sido la declaración de Marcelino Iglesias, Presidente de Aragón, a propósito de la pretensión de trasvasar agua desde el Segre hasta el LLobregat:”Nuestro Estatuto nos impide ceder agua”. Algo así como que “nuestra religión nos lo prohibe”. Es verdaderamente impactante, por no decir “infartante”.
Claro que este estado de cosas no es más que el resultado de haber permitido, de forma delirante e irresponsable, que los Estatutos de Autonomía recogiesen en las reformas de su articulado la “propiedad” sobre los recursos hídricos.
Desde luego, el responsable de tal política territorial fue el Presidente Zapatero durante la pasada legislatura , con la “ayuda” y la incoherencia, a veces, del Partido Popular. Y ahora vemos el vergonzoso espactáculo que provoca ( y que va a seguir provocando) tal desbarajuste.
El anatema en que se ha convertido el término trasvase para algunos, que ahora se encuentran prisioneros de sus propias palabras, ha obligado al consejero catalán de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, a realizar una verdadero esfuerzo semántico para no mencionar la susodicha palabra; dice Baltasar que será “algo” ( no define qué) “temporal” y ¡¡”desmontable”!!.
Para no quedarse atrás , el Gobierno ( de España, claro), propone trasladar agua en barcos desde las desaladoras de Almería hasta Barcelona, aunque sea 10 veces más caro que trasvasar el agua desde el Segre
En UPyD, ya hemos planteado cuál es nuestra postura en relación a estos asuntos, que en un principio algunos pensaban que era un problema exclusivo del levante o de aquí, de Murcia, y que ahora ya tiene dimensión nacional.
Ya dijimos en nuestro programa electoral que el agua, como bien público que es, debería ser una competencia exclusiva del Estado. Y que sólo el Gobierno ( de España, claro) debía disponer de tales competencias.
Del mismo modo que hablamos de nuestra postura sobre los recursos hídricos, con un mismo discurso en toda España. Y, por supuesto, no descartando ningún método para garantizar el abastecimiento del agua, allí donde fuera necesario, después de haber sometido las obras y medidas pertinentes para ello a un riguroso análisis técnico de viabililidad económica y de impacto ambiental. Pero sin anatemizar de forma demagógica e irresponsable ninguna “palabra”.
Las consecuencias del despropósito, a la vista. Aunque EL PAIS diga hoy lunes, que lo que provoca la “guerra” entre Gobiernos, provincias y partidos sea la sequía y no las consecuencias nefastas de una política populista y demagógica. Bonita forma de querer cuadrar el círculo.
Las objeciones de conciencia en Educación para la Ciudadanía
En las últimas semanas, aprovechando una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que otorga a los padres el derecho a objetar para que no se imparta a sus hijos la asignatura de Educación para la Ciudadanía ( EpC), estamos asistiendo a un incremento del número de objeciones, en algunos casos alentados por la propia administración educativa de algunas Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular.
La línea
El pasado domingo, día de la patria vasca, curioso día para la celebración ( por si alguien no lo sabe, es siempre el domingo de Resurrección, por ser ese el día en que Sabino Arana “encontró a su patria” junto a la ” Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo”, ya se sabe, Dios y fueros siempre bien juntos), todos los partidos nacionalistas se fueron de fiesta.
Hacia la laicidad
La Semana Santa, con sus procesiones y variados actos, es, sin duda alguna, la celebración festiva y turística más importante de Cartagena.
Todos los actos de estos días los podemos analizar desde tres puntos de vista: uno, como elemento fundamental de la liturgia católica, y otros dos observados como eventos con importantes aspectos artísticos y culturales. Para los católicos primará la primera consideración y para los que no lo somos las dos últimas.
La duplicidad de cargos
Cuando los electores deciden elegir a un cargo público para un mandato concreto, lo hacen en la confianza de que la dedicación y entrega del elegido serán máximos. Si la persona elegida decide, por las causas que sean, duplicar con otro cargo, alguno de los dos ( o tal vez los dos) no será debidamente atendido.
