Las diferentes varas de medir del Gobierno

 

 

Esta semana hemos conocido dos resoluciones del ámbito judicial relacionadas con la actitud de la Comunidades Autónomas en la aplicación (en estos casos, no aplicación) de legislación estatal en sus territorios. Y estas resoluciones nos han puesto en situación de observar cómo ha reaccionado el Gobierno ante ese incumplimiento de la normativa básica del Estado.

EL Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Superior  de Justicia de la Comunidad  Valenciana la orden  del Consell Valenciano sobre Educación para la Ciudadanía  (EpC). El Gobierno, por boca de su Ministra, Mercedes Cabrera, considera  que esta asignatura se tiene que impartir “por ser de obligado cumplimiento según la LOE”  y que  la orden del Consell “incumple la normativa básica del Estado y perjudicaría a los alumnos”. El recurso del Gobiermo no entra en la circunstancia de que la asignatura vaya a ser impartida en inglés, sino en la organización de esta asignatura en dos modalidades en los Centros : la  modalidad A para los que la cursen y la B para los que objeten y que se ofrece a los padres para que sus hijos hagan trabajos trimestrales con temas elegidos por las familias. “Los contenidos, objetivos y criterios de evaluación de una asignatura obligatoria son aspectos básicos regulados por una Ley Orgánica y no pueden alterarse”, contempla el recurso. Desde mi punto de vista, la actuación de recurrir por parte del Gobierno es irreprochable porque precisamente es el Gobierno el principal garante de que las normativas estatales se cumplan y ejecuten en todo el Estado. El Gobierno ha hecho en este caso  lo que debía hacer.

Pero hete aquí que ,también esta misma semana,  hemos conocido una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a la Generalitat a impartir en los centros de Primaria la 3ª hora de castellano. La lectura de la sentencia nos confirma que nos encontramos ante un caso similar al valenciano, de incumplimiento de una normativa del Estado por parte de la Generalitat. Pero con el agravante de que en Valencia aún  no ha entrado en vigor la orden del Consell y en Cataluña este incumplimiento se lleva produciendo durante los dos últimos cursos escolares. Aunque la mayor sorpresa se la lleva uno cuando comprueba que quien interpuso el recurso ante el TSJC no fue el Gobierno, sino la plataforma Convivencia Cívica Catalana. ¿Es que en este caso no se estaba “incumpliendo la normativa básica del Estado?”. ¿Es que en este caso el incumplimiento no “perjudica a los alumnos”? La respuesta a las dos preguntas es si. Entonces, ¿por qué el Gobierno recurre en un caso y se inhibe ( vergonzosamente) en el otro? . Increible, pero cierto.

Desde luego, lo primero que se piensa es que en la Comunidad Valenciana gobierna el PP y en Cataluña ese encaje de bolillos del tripartito comandado por el PSC y con el honorable Montilla a la cabeza. Y esto es intolerable. Un Gobierno no puede tener dos varas de medir ante situaciones similares, eligiendo una u otra según sus intereses políticos de partido. Y, sobre todo, no lo puede hacer en los asuntos relacionados con la Justicia. Claro que al propio Gobierno le debe parecer de lo más normal y habitual, estando acostumbrado, como lo está, a pervertir el lenguaje, a manipular el significado de las palabras y utlizarlas según sus intereses. Y a  pretender hacernos creer que una mentira bien manipulada y repetida mil veces se convierte en una verdad inapelable.

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