Una sentencia que deja en entredicho a la Consejería de Educación

Libros de texto de Educación para la Ciudadanía

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha dictado sentencia rechazando el recurso de unos padres en el que  solicitaban, en nombre de su hija, la objeción de conciencia para la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), que se imparte en Educación Primaria y en Secundaria. Sin lugar a dudas representa un serio varapalo a la postura mantenida por Medina Precioso ( anterior Consejero de Educación del Gobierno murciano), que en su día alentó y dió alas a los colectivos de padres que habían solicitado su  derecho a la objeción de conciencia para EpC, y para la propia Consejería.

La sentencia establece que la  asistencia a clase de la mencionada asignatura ” no acredita perjuicios irreparables”, tal y como los padres exponían en su recurso. De  ello se deriva que la asistencia a clase de Epc es obligatoria, como por otra parte ya estaba suficientemente claro al tratarse de una asignatura regulada a través de una Ley Orgánica ( la LOE). Precisamente, uno  de los aspectos que más se han criticado de la postura de las autoridades educativas murcianas,  es que deben ser las garantes de que las leyes, en este caso las educativas, se cumplan y no de alentar a los ciudadanos a que las incumplan, tal y como Medina Precioso propició al recibir de forma oficial en su despacho a asociaciones de padres favorables a la objeción.

UPyD denunció, a través de una nota de prensa esta postura de la Consejería de Educación. En UPyD somos partidarios de una asignatuira como EpC, aunque creemos que la manera cómo la legisló el PSOE en la anterior legislatura no fue la más adecuada ( se utilizó como arma arrojadiza contra el PP), ni tampoco el PP estuvo a la altura, al ” caer” en las redes argumentales de la jerarquía católica, como tantas otras veces, perdiendo otra oportunidad de ser  una derecha laica como la francesa.

Uno de los aspectos que favorecerían que EpC ( y otras asignaturas como la historia y la geografía) tuviesen un único perfil sería que el Ministerio de Educación ( el Estado) asumiera su responsabilidad sobre  los contenidos de los libros de texto. En concreto en EpC,  nos podemos encontrar en la librerías con textos editados que van desde algunos que defienden la dictadura castrista de Cuba, cuestionando las democracias liberales, a otros que casi convierten en pecado el divorcio, inmoral la ley del aborto y casi llegan a  la homofobia. En este sentido resulta poco creible el argumento del “Gobierno de España” de que no controla los textos porque ello sería una forma de “censura previa”. Más que censura previa, parecen ganas de no enfadar a los nacionalistas , en el caso de la historia, y de intentar ser condescendientes  con la jerarquía católica, aunque luego ésta se ponga levantisca, en el asunto de EpC. O sea, un despropósito.

Después de varias sentencias de Tribunales Superiores de Justicia de distintas comunidades autónomas, a favor y en contra del derecho de los padres a la objeción de conciencia para EpC, urge una sentencia del Tribunal Supremo que unifique doctrina al respecto. Pero mientras ésta no se produzca, las autoridades tienen la obligación de propiciar que las leyes en vigor se cumplan. Y los ciudadanos la obligación de cumplirlas.

Circular de la Consejería de Educación a raíz de la sentencia del TSJ de  Murcia

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