Propaganda

El diccionario de la RAE define propaganda como  la acción o efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores. Ésta parece ser la principal actividad de quienes tienen responsabilidades de gobierno en uno u otro nivel.  Rafael González Tobar, Delegado del Gobierno en la Región de Murcia, escribe hoy  un artículo en La Verdad en el que bajo un aparente título de concordia y consenso, “Juntos y con lealtad podemos“, lo que hace, en realidad, es un verdadero ejercicio de propaganda para el PSOE y de contrapropaganda al Gobierno de Valcárcel. Yo creía que la figura de un Delegado del Gobierno era  institucional y no partidista. Aunque lo de González Tobar en este artículo, sinceramente, produce un poco  de rubor.También a hacer propaganda es a lo que suelen decicarse algunos de los ilustres  visitantes de  la región, que llegan  de parte de  Ministerios o Secretarías Generales. Vienen a decir que el Gobierno de Zapatero  ha dado estos  o aquellos millones a la Región, como si se tratase de un premio  de la lotería.

Blogs de LA VERDAD. El Blog de Rafa Sánchez

Semejante comportamiento propagandístico suele hacer también  el gobierno regional a través de sus consejeros o dirigentes más notables. Ponen en valor  su gestión, aunque  no aplicándose a sí mismos, en muchas ocasiones, las peticiones que hacen para el gobierno de Zapatero: por ejemplo, solicitan que el gobierno central adelgace su lista de altos cargos y de asesores, pero no hacen lo propio aquí.  Los ciudadanos asisten perplejos a este espectáculo, en medio de ese incesante cruce de trastos volando de un lado al otro y en el que todos apelan al sentido común, el consenso y la lealtad, sin que ninguno de los apelantes haga uso del significado real de esos términos, aplicándoselos a ellos mismos.

La propuesta que el Gobierno ha remitido a los partidos políticos  con la idea de sentar las bases de un Pacto de Estado para salir de la crisis económica, tiene también mucho de propaganda y muy poco de seriedad. UPyD ha expresado su posición  ante esas propuestas. En relación al tamaño y la disfuncionalidad de las administraciones públicas creemos que en la última década, al amparo de la sobredimensión del sector de la construcción, se ha propiciado  en España una administración cara, con múltiples  duplicidades e imposible de mantener si no se realizan cambios profundos  que impliquen un esfuerzo de austeridad en todas ellas.

El mayor margen de ahorro existe en las administraciones autonómicas, con su proliferación de televisiones, órganos consultivos y asesores, delegaciones en el resto de España y el extranjero, empresas públicas… No se trata, sin embargo, únicamente de una cuestión de cuánto se gasta. Los distintos niveles de gobierno actúan de forma descoordinada (entre ellos y con los niveles superiores), y a menudo ni la información se intercambia. Las administraciones locales han asumido competencias impropias para las que carecen de recursos suficientes; y la administración central ha cedido competencias sin reducir en la misma proporción los servicios administrativos que las prestaban. La conclusión es que resulta urgente y necesario reformar el propio modelo de Estado, racionalizándolo para reducir el componente estructural del déficit público. Ese objetivo no se logrará tan solo recortando algunas partidas de gasto.

La consecuencia más preocupante de la situación actual de duplicidades y desgobiernos varios es que la administración central no tiene margen para estabilizar ella sola las cuentas del conjunto, pues el núcleo de sus gastos son transferencias con poco margen discrecional (pensiones de jubilación, prestaciones y subsidios de paro, intereses de la deuda pública o transferencias al resto de administraciones). Dada la gravedad de la situación, que nos conduce a un país inviable, si el Gobierno no se atreve a iniciar la reforma del propio modelo de Estado, al menos no debería renunciar a su papel de garante del interés general.

Estas cuestiones que proponemos desde UPyD son las que deberían centrar el debate, y no los  pronunciamientos propagandísticos cruzados entre las distintas administraciones, motivados más por interes partidista que por el interés general.

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