Reformas imprescindibles

Cuando hace cinco años, el tiempo de existencia de UPyD,  comenzamos a plantear  que la reforma del modelo territorial así como  la modificación y  unificación del sistema de financiación autonómico   eran  tareas urgentes para España, la totalidad de los partidos políticos ignoró la propuesta, incluso hubo quien  nos descalificó con algunos “piropos”. Hoy existe una opinión casi unánime sobre la improrrogable necesidad de esas reformas. Lo mismo ha ocurrido con otras propuestas que hemos hecho a lo largo de estos años: primero son rechazadas y  después son abrazadas y defendidas por casi todos,  como si fuesen propias.

La Constitución no  definió un modelo de descentralización en el que estuviesen reflejadas de forma precisa  las competencias que se podrían asumir, ni, sobre todo, cómo se iban a financiar ni qué grado de corresponsabilidad fiscal debía asumir cada comunidad autónoma  por la prestación de esas competencias. De ese modo, el proceso de transferencias fue utilizado como moneda de cambio por los partidos nacionalistas.  Desde de su inicio, el proceso autonómico estuvo   aquejado por el vicio del bilateralismo que ha conducido a una desaforada carrera de emulaciones. Esto nos ha llevado a la igualación competencial por arriba y a que, agotadas las posibilidades que ofrece la Constitución, se abra el asalto de las competencias estatales, como se intentó con  el Estatuto catalán y sus “primos hermanos” de Andalucía o Comunidad Valenciana.

Las reformas estatutarias emprendidas en los llamados Estatutos de segunda generación, que se producen al amparo de la reforma del Estatuto de Cataluña, pretendían forzar  un cambio del modelo de Estado sin la preceptiva reforma constitucional, sin un diagnóstico previo del actual Estado Autonómico y sin objetivos claros a conseguir. Sobre todo, otra vez, sin analizar la sostenibilidad de los servicios por parte de  las Comunidades Autónomas. El actual modelo  de financiación autonómico se moldeó bajo esas premisas y ahora, agudizado todo con la crisis, estamos comprobando que no es viable. La Región de Murcia, en donde los cálculos sobre la actualización de la población no fueron muy acertados, es un buen ejemplo de insostenibilidad. Insostenibilidad de la que también es protagonista la pésima gestión del PP en sus 17 años de gobierno.

Desde UPyD defendemos  que es necesario reformar la Constitución para fijar, de forma definitiva,  la lista de competencias estatales y autonómicas, devolviendo al Estado las necesarias para garantizar la cohesión nacional, la igualdad de sus ciudadanos y la sostenibilidad global del sistema. Creemos que  hay que  suprimir  la posibilidad de delegación de potestades estatales a las Comunidades Autónomas, y que todas deben tener  igual capacidad legislativa y sistema de financiación, incluidas las de régimen foral, cuya especificidad debe suprimirse. Se deben potenciar los mecanismos de coordinación, participación y cooperación interterritorial reformando el Senado. Se trata, en definitiva, de conseguir un Estado federal fuerte donde las Comunidades tengan las mismas competencias, claramente delimitadas y separadas de las estatales, para evitar duplicidades y discriminaciones. Estos cambios, junto con la supresión de las Diputaciones y la fusión de municipios, conforman una serie de reformas  estructurales y permanentes que, ahora más que nunca, resultan imprescindibles para España.

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