Vértigo e indignación

La  ciudadanía está conociendo,  escandalizada y con lógica indignación, una avalancha de  casos de corrupción que generan vértigo por la velocidad con la que se suceden y por la inquietud que producen.  La situación obliga a actuar con determinación contra uno de los grandes males de nuestra democracia. Los recientes  episodios aparecidos a escala nacional, el caso  Bárcenas, el de los ERE en Andalucía o los de CiU en Cataluña, junto con los que afectan  en la Región  a importantes dirigentes del PP, degradan irreversiblemente  la imagen de lo político al derivar en una generalización del concepto de corrupto.  Lo que está en tela de juicio es  la  propia credibilidad de nuestro sistema democrático.

La desmoralización social  y el descrédito de  la política y los políticos ocasionado por los casos de corrupción, son dos hechos de una enorme gravedad. Los cargos públicos que están al frente de las instituciones públicas o ejerciendo las máximas responsabilidades en los partidos políticos, tienen una doble obligación en el desempeño de sus funciones. Por un lado, son los garantes de que las leyes se cumplan en todas las direcciones y para todos por igual, por supuesto. Pero también tienen el compromiso moral y ético ante la sociedad, respecto de su obligación de actuar en todo momento de forma escrupulosa. Ellos son los que deben dar ejemplo con sus actuaciones, porque una sociedad no puede permitirse que quienes la lideran sean, precisamente, los que más dudas morales originen.

El elemento más preocupante en los  casos de corrupción es la percepción de que son inevitables,  de que forman parte del sistema.  Por eso  son necesarias reformas institucionales y legales que acaben con esta práctica sistémica. Es imprescindible la adopción de cambios en la legislación que prevengan y castiguen con contundencia la corrupción y a los corruptos. En ese sentido creo que se ha dado un  paso  con el  reciente acuerdo del Congreso  que aboga por apartar de la política a los acusados de delitos relacionados con la corrupción, desalojándoles de cargos públicos y excluyéndoles de  listas electorales. Dicho acuerdo ha sido propuesto por UPyD, sumándose PP, PSOE e  IU, y siendo rechazado por  nacionalistas catalanes y vascos.  También, a iniciativa de UPyD y con la oposición del PSOE, se ha reformado el marco legal para que los partidos políticos y sindicatos tengan responsabilidad penal, al igual que ya la tenían las ONG y otras asociaciones.

Otra medida trascendental para dificultar la aparición y extensión de la corrupción  es el aumento de la transparencia en los  procesos de toma de decisiones públicas. Cuanto más transparente sea este proceso, más actores podrán intervenir en el mismo y más difícil será que un grupo de privilegiados pueda monopolizar y dirigir el procedimiento  en su propio interés. El Proyecto de  Ley de Transparencia  anunciado por el Gobierno debería abordar en profundidad estas cuestiones. Sin embargo, en la Región de Murcia, el PP, en año y medio de legislatura, no ha promovido ninguna iniciativa en la Asamblea Regional dirigida a mejorar la transparencia, requisito fundamental para la calidad democrática y para el prestigio de las instituciones.

 

Artículo publicado hoy en la edición impresa del diario La Verdad.

 

 

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