26 propuestas por la transparencia y contra la corrupción en la Región de Murcia

El compromiso de UPyD para lograr unas instituciones más  transparentes, con plena accesibilidad para los ciudadanos, y para prevenir y erradicar la corrupción, ha sido una de nuestras señas de identidad durante los siete años que llevamos trabajando  en la Región de Murcia.

Para UPyD es fundamental  promover el control de todos los organismos públicos a fin de que se rijan por criterios de objetividad, imparcialidad y atención al interés general, promoviendo la transparencia de las administraciones en todas las facetas de su actuación, de modo que todos podamos conocer y valorar sus decisiones. En base a ese principio, UPyD de la Región de Murcia fue una de las primeras fuerzas políticas que firmó en el Pacto Regional por la Transparencia.

Siendo fieles a ese compromiso con los ciudadanos, UPyD presentó en la Asamblea Regional un documento que recoge 26 propuestas para que la Región de Murcia mejore en los índices de transparencia de sus instituciones, una herramienta fundamental que ayudará a prevenir y erradicar la corrupción que tanto ha lastrado al propio sistema democrático.

Éste es el documento que se presentó, cuyas medidas, con seguridad, estarán presentes en el  programa electoral de UPyD para las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2015.

Propuestas de UPyD Región de Murcia para la Ley Regional de Transparencia y contra la corrupción
Transparencia
Un de las cuestiones que los estados democráticos deben contemplar es el derecho de cualquier ciudadano a conocer, mediante herramientas de fácil acceso, toda la información que generen las administraciones, instituciones, organismos, empresas, asociaciones, fundaciones que realicen servicios o funciones públicas u operen con capital público. Toda la información registrada de cualquier forma, elaborada o recibida y en posesión de las autoridades públicas ha de ser accesible a los ciudadanos de forma rápida, gratuita y comprensible, sin más excepción que aquélla que afecte a la seguridad y defensa del Estado y la intimidad de las personas.
La Región de Murcia debe dotarse de una Ley de Transparencia que promueva prácticas que, en su ejecución, acerquen la administración a los ciudadanos y prevengan y eviten los casos de corrupción.
Un objetivo fundamental de UPyD es promover el control de todos los organismos públicos a fin de que se rijan por criterios de objetividad, imparcialidad y atención al interés general, promoviendo la transparencia de las administraciones en todas las facetas de su actuación, de modo que todos podamos conocer y valorar sus decisiones. En base a ese principio, UPyD de la Región de Murcia fue una de las primeras fuerzas políticas que firmó en el Pacto Regional por la Transparencia.
Propuestas
P1. La Ley de Transparencia Regional y de Acceso a la Información Pública, y su desarrollo legislativo correspondiente, debe comprender en su ámbito de aplicación todas los los organismos autónomos, entidades, empresas sociedades, institutos, fundaciones vinculados a ella o sostenidos con fondos públicos,-así como organizaciones no gubernamentales y partidos políticos- y tiene que ser aplicable a todo el personal, ya sea funcionario o político. El objetivo debe ser que cualquier ciudadano, sin necesidad de acreditar interés directo, pueda acceder a toda la documentación de las administraciones públicas, incluidas las cuentas financieras. La Ley establecerá una batería de sanciones disuasorias proporcionada y fácilmente aplicables, sin más excepciones que las previstas en la Constitución.
P2. Publicidad de la información sobre los puestos de trabajo del personal eventual adscrito a los gabinetes de los miembros de los Gobiernos central, autonómicos y municipales, y de empresas públicas. Detallando identidad, currículum vitae y méritos tomados en consideración para su contratación, funciones, salarios y retribuciones que perciban por cualquier concepto, jornada laboral y sistema de control sobre su régimen de dedicación.
P3. Creación de bases de datos de acceso público donde puedan consultarse todas las subvenciones otorgadas o recibidas por organismos, instituciones, empresas, sindicatos o particulares, así como las contrataciones de las administraciones, permitiendo la búsqueda tanto por emisores como por perceptores. Dichas bases de datos deberán reflejar claramente tanto el fin de la subvención como los mecanismos que se dispondrán para comprobar su correcto uso.
P4. Creación de una plataforma común donde se registre toda información y los datos generados por los distintos Ayuntamientos de la Región, siguiendo los principios del “Gobierno Abierto” y “Open data”. Para ello se propone que la Comunidad Autónoma provea de las herramientas necesarias a los Consistorios, con el objetivo de reforzar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información que está en poder de las entidades locales, redundando en una administración más transparente y, por ende, más democrática”.
P5. Habilitación, bajo los requisitos de la Agencia Española de Protección de Datos, de canales éticos en todas las administraciones locales que permitan la comunicación confidencial, y sin temor a represalias, de malas prácticas, violaciones de las normas éticas, posibles conflictos de interés y transgresiones de la normativa legal.
P6. Habilitación de una Oficina Independiente, vinculada a la Fiscalía Anticorrupción, para la gestión, tratamiento y resolución de las comunicaciones recibidas a través del canal ético de las administraciones locales.
P7. Creación de un Registro de estudios financiados con fondos públicos, encargados a terceros externos a la administración y de acceso público, con los datos del expediente de contratación que no estén sujetos a secreto comercial. En todo caso, los estudios financiados con fondos públicos deberán ser accesibles a los órganos administrativos de control.
P8. Publicación de todos los Convenios de las administraciones con empresas privadas.

P9. Obligar legalmente a que las distintas administraciones y entes vinculados:
a) hagan públicas sus cuentas generales y liquidaciones, así como el grado de ejecución presupuestaria de cada capítulo de los presupuestos, en un plazo inferior a un año después de finalizado el año de ejercicio del presupuesto;
b) garanticen la consulta accesible a cualquier ciudadano mediante, al menos, un enlace habilitado en la página web de la institución o empresa pública;
c) envíen al Tribunal de Cuentas correspondiente las cuentas anuales de todas las entidades dependientes y vinculadas en los plazos y formas legales.
P10. La contratación del personal de estos organismos se realizará por procedimientos públicos de igualdad de méritos y capacidad, con transparencia en las percepciones salariales y por otros conceptos.
P11. Aplicación a las empresas públicas, entidades de derecho público, institutos y fundaciones de las mismas normas de transparencia económica y acceso a la información.
Corrupción
El crecimiento de la corrupción pública nos reduce a niveles de calidad de gobierno más propios de países autoritarios que de las democracias avanzadas. La corrupción es un cáncer que destruye las instituciones si no se toman medidas para detenerlo, y además genera profundas desigualdades sociales. A finales del año 2009 había imputados más de 800 cargos públicos de todos los colores políticos. Esa cifra continúa en aumento. La percepción del aumento de la corrupción compromete el prestigio internacional de España y la credibilidad de nuestro sistema político, como lo revela que el Barómetro del CIS de los últimos trimestres sitúe el descrédito de los partidos políticos como el tercer problema principal, sólo aventajado por el paro y la situación económica.
Las causas de esta degradación pública son perfectamente reconocibles:
1. Clientelismo: las administraciones más proclives a la corrupción son aquellas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. El contraste con los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo, porque en España el partido que controla un gobierno local, autonómico o central puede nombrar multitud de cargos y asesores, y a la vez tejer una red de Agencias y Fundaciones con plena discrecionalidad en cuestiones de personal.
2. Deficiencias de la transparencia en la gestión pública.
3. Proliferación de normas y burocracia, innecesarias y superfluas.
4. Administración de justicia lenta y politizada, colonizada por los partidos tradicionales.
Una medida trascendental para dificultar la aparición o extensión de la corrupción en cualquier área de políticas públicas (urbanismo, contratación pública, financiación de partidos, etc.) es el aumento de la transparencia en los ámbitos de toma de decisiones públicas. Cuanto más transparente es el proceso de toma de decisiones, más actores podrán intervenir en el mismo y más difícil será que un grupo de privilegiados pueda monopolizar tales decisiones en su propio interés.
Una de las vías de corrupción más arraigadas es la asociada al urbanismo, que surge de la confluencia de tres factores:
1. Discrecionalidad casi ilimitada de los entes municipales para planear su desarrollo urbanístico, unido a un deficiente funcionamiento de los mecanismos de control.
2. Dependencia financiera de los Ayuntamientos de los ingresos proporcionados por la actividad urbanística para financiar infraestructuras, equipamientos y servicios, en una especie de financiación piramidal donde los nuevos desarrollos financiaban déficits generados en muchos casos por equipamientos injustificados, carentes de una planificación urbanística ordenada.
3. Extraordinario auge de la construcción de viviendas en el último decenio, con un mercado inmobiliario que ha multiplicado su volumen por seis entre 1997 y 2006, convirtiendo a España en el país europeo con mayor tasa de viviendas por habitante, muchas de las cuales permanecen vacías porque han sido adquiridas como activos financieros.
En el ámbito de la contratación abundan las irregularidades que afectan al interés público, muchas de ellas señaladas por el propio Tribunal de Cuentas: falta de agilidad y responsabilidad en los procedimientos contractuales debido a la confusa distribución de competencias; deficiencias en la confección de los proyectos de modo que durante la ejecución se producen alteraciones sustanciales, incorrectamente llamadas modificaciones u obras complementarias; anomalías en la fijación de criterios de selección del concurso, olvidando que la discrecionalidad administrativa inherente al concurso debe estar fundamentada.
Abundan los casos en que el dinero público se canaliza hacia empresas afines mediante la adjudicación de contratos y/o subvenciones. Estas empresas devuelven parte para financiar al partido, contratando simpatizantes, afiliados o familiares de la autoridad responsable. Se establece así un circuito triangular: el dinero del contribuyente va a manos del político, del político a las empresas, y de éstas una parte vuelve al político y afines.
Es habitual que nuestras autoridades intenten eludir la regulación comunitaria, lo que ha originado varias denuncias ante la Comisión Europea y en algunos casos las consiguientes condenas del Tribunal de Luxemburgo por incumplir el derecho Comunitario.
Nuestras propuestas tienen tres sentidos principales:
1. Reformar el procedimiento de contratación de las empresas y servicios públicos.
2. Reducir drásticamente la discrecionalidad de los cargos políticos y el número de empresas, fundaciones y consorcios públicos.
3. Independizar y dar mayor relevancia a los órganos y mecanismos de control.
Hay que evitar, al mismo tiempo, la parálisis de la Administración, pues un entramado burocrático excesivo perjudica la actividad pública y en muchos casos justifica la creación de empresas y consorcios sin control administrativo. La existencia de estos entes es tradicional, pero lo novedoso es su multiplicación desmedida en los tres niveles de la administración, sobre todo en la autonómica con el pretexto de conseguir mayor eficacia. Pero su verdadero objetivo ha sido y es sustraerse a la aplicación de las normas que regulan la actuación de las administraciones públicas para garantizar la objetividad, la imparcialidad, la eficacia y la seguridad jurídica. Proceso al que hay que poner coto no sólo por la defensa del interés público, sino por ser absolutamente prioritario para controlar el déficit público.
La financiación irregular o, directamente, ilegal de los partidos políticos quedaría muy atenuada si la transparencia en la información y en los contratos públicos se llevara a cabo en los términos que estamos proponiendo. Y lo mismo vale para luchar contra los enriquecimientos de algunos representantes políticos, que no están justificados por sus ingresos legales.
Propuestas
P12. Reservar el ejercicio de las potestades administrativas de control en los organismos públicos a otros organismos administrativos, sin posibilidad de externalizar auditorías y servicios similares.
P13. Fortalecer la función de inspección de servicios y del control interno, además de realizar auditorías complementarias a los sistemas de control interno.
P14. Reforzar las funciones de Interventores y órganos de fiscalización económica independientes de los cargos políticos, volviendo al sistema de intervención previa, esto es, al control del gasto antes de ejecutarse.
P15. Habilitación de un Registro de “actividades profesionales coincidentes”. Todo político y todo profesional que ejerza un cargo en una institución pública o en una empresa pública, corporación o similar, hará constar sus actividades profesionales y participaciones en empresas cuya actividad coincida total o parcialmente con la propia de la institución o empresa pública que gestione, reseñando en su declaración también la existencia de actividades coincidentes por parte de su cónyuge, conviviente o personas con parentesco hasta el segundo grado.
P16. Rebajar la cuantía que permite realizar contratos públicos menores directamente.
P17. Limitar la cuantía máxima que una misma empresa, en un mismo ejercicio, con un mismo organismo, reciba de la Administración por contratos menores.
P18. Extensión obligatoria, para los contratos de procedimiento negociado sin publicidad, del “Perfil del Contratante”, requisito ahora obligatorio para contratos de procedimiento negociado con publicidad y abiertos. El Perfil del Contratante consiste en un enlace a la página web de la entidad contratante donde constan todas las licitaciones en curso. Informar a las pequeñas y medianas empresas de la existencia de este Perfil del Contratante, y promocionarlo para incentivar la competencia y la transparencia de ofertas. Y en general, fomentar el uso de las nuevas tecnologías en el marco de la contratación administrativa para agilizar los procedimientos de contratación y facilitar las gestiones que tienen que realizar tanto los licitadores como la Administración.
P19. Regular sistemas de control para que las Administraciones se ciñan en sus pliegos a los criterios objetivos de contratación de la Ley de Contratación del Sector Público, así como para que los contratistas cumplan adecuadamente sus obligaciones contractuales. Incluyendo, como miembro de las mesas de adjudicación definitiva de obras, a un técnico funcionario externo al Departamento correspondiente.
P20. Obligar a la transparencia total en las percepciones dinerarias, por todos los conceptos, de todos los remunerados con dinero público, de forma clara y accesible.
P21. Equiparar las condiciones económicas de los diputados autonómicos, nacionales y cargos municipales al resto de los trabajadores en lo relativo a prestaciones por desempleo y años de cotización para la jubilación.
P22. Limitar el cobro por parte de los cargos públicos de dietas por asistencia a comisiones, reuniones y otros actos a los que deben asistir en su condición de miembros de consejos de administración y demás entes financiados con fondos públicos.
P23. Limitar el nombramiento de asesores a un número concreto por departamento, en relación a su tamaño y funciones a desempeñar.
P24. Limitar las retribuciones de los altos cargos de libre designación asimilándolos al nivel retributivo de los funcionarios públicos que realicen funciones semejantes.
P25. Desarrollar límites estrictos a las posibilidades de inversión privativa de los cargos públicos en empresas con financiación pública.
P26. Creación de una Agencia Anticorrupción en la Región vinculada a la Asamblea Regional.

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1 comment so far

  1. esperanza on

    Señor Sánchez es estupendo que se hayan unido de nuevo pues es muy necesario que Murcia tenga una alternativa política contundente como es upyd. Le deseo mucha suerte y mucho ánimo.


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